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Los DDHH son inherentes a la dignidad humana de carácter universal, indivisible e interdependiente, resultando necesario reconocer la diversidad y especificidades propias de los diferentes colectivos humanos al momento de reconocerlos y garantizarlos.
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La seguridad es un derecho humano, consagrado en los instrumentos internacionales y regionales; también es una condición imprescindible para asegurar el desarrollo humano.
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Brindar seguridad frente a las amenazas generadas por situaciones de violencia interpersonal o delictiva, es una obligación básica de todo Estado Democrático y de Derecho. Esta obligación se vincula tanto con acciones y omisiones de agentes e instituciones del Estado, como también a las políticas públicas sobre seguridad que el Estado implemente para prevenir y, en su caso, investigar, sancionar o reparar las acciones provenientes de particulares.
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El Estado es responsable de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, brindando a toda su población, sin ningún tipo de discriminación, un marco de garantías respecto a los que están directamente vinculados con la problemática de la violencia y el delito (como por ejemplo, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, al disfrute pacífico de los bienes…)
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La Policía es uno de los garantes principales de la seguridad y de los DDHH, en el marco de las competencias que le son propias.
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La PDI por sus funciones específicas es una institución fundamental que contribuye a que el Estado de Chile cumpla con sus compromisos internacionales de prevención, investigación y, llegado el caso, sanción de los delitos cometidos en su jurisdicción, evitando de esa manera cualquier forma de impunidad que atente contra los derechos de las víctimas de la violencia y el delito.
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La PDI afirma que la EDH es un elemento imprescindible de la formación policial, debiendo ser incorporada en los planes de estudio a todos los niveles de la misma, tanto de manera específica, como transversal.
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La PDI entiende que recibir una adecuada EDH es un derecho de la policía y que el Estado está obligado a proporcionar una educación de calidad en la materia al personal policial.
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Dado que el fin último del Estado es promover, respetar y garantizar los derechos humanos de toda la población, el aparato estatal y sus agentes deben organizarse con dicha finalidad.
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La PDI es una institución estatal comprometida con la efectiva vigencia de los derechos humanos, dispuesta a desarrollar toda su estructura y funcionamiento para aportar a este propósito de manera continua y creciente, también como parte de su proceso de profesionalización y modernización.
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